Nacional.-La Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) ha anunciado su intención de presentar ante organismos internacionales las acciones de represalia emprendidas por el Consejo del Poder Judicial contra jueces que han demandado el respeto a la Constitución y las leyes, especialmente en casos de traslados ilegales.
La polémica surgió tras las declaraciones de la jueza Ysis Muniz, expresidenta de la Asociación de Jueces Dominicanos (ASOJURD) y en ese momento presidenta de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional. Muniz alertó sobre planes del Consejo del Poder Judicial, liderado por el juez Luis Henry Molina Peña, de realizar traslados de jueces de manera ilegal, especificando nombres y apellidos, desde el Departamento Judicial de la provincia de La Vega y el Distrito Judicial de La Altagracia.
Informan en su comunicado también denuncian la omisión y negativa del Consejo del Poder Judicial de cumplir con su deber de jubilar a jueces que han alcanzado la edad límite para el ejercicio, como establece la Ley 327-98 sobre carrera judicial y la Resolución núm. 001-2021. Esta situación llegó a ser discutida en el Consejo del Poder Judicial el 2 de abril, y posteriormente se publicó un acta el 10 de abril con información sobre pensiones y jubilaciones de jueces en esa situación, según consta en el acta No. 10-2024.
Entre los jueces afectados por esta situación se encontrarían titulares de cargos importantes, como la presidencia de la Corte de Apelación de la jurisdicción civil de la provincia Santo Domingo, la presidencia del Tribunal Superior de Tierras del Distrito Nacional, y la presidencia de la Corte de Apelación Niños Niñas y Adolescentes de la provincia Santo Domingo.
La falta de cumplimiento de la ley en este aspecto ha generado inquietud, ya que las titulares de los órganos mencionados siguen en funciones a pesar de haber alcanzado la edad de retiro, lo cual constituye una violación flagrante del artículo 56 párrafo 4 de la ley de carrera judicial, que establece la jubilación obligatoria al llegar a cierta edad.
demandado el respeto a la Constitución y las leyes, especialmente en casos de traslados ilegales.
Esta situación, además de las denuncias de violaciones legales, pone en entredicho la seguridad jurídica, afectando tanto a los jueces como al sistema en su conjunto. Se ha observado que los jueces han recurrido incluso al Tribunal Constitucional debido a las arbitrariedades cometidas por el presidente de la Suprema Corte y el Consejo del Poder Judicial.
Las acciones del Consejo del Poder Judicial, encabezado por Luis Henry Molina, no solo contravienen la ley, sino que también ponen en riesgo la independencia judicial y la integridad del sistema de justicia. Esta situación ha llevado a la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO) a plantear denuncias ante organismos internacionales, señalando una preocupante injerencia en la administración de justicia en el país.