Santo Domingo.– Una licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) por un monto superior a RD$110.7 millones se encuentra bajo escrutinio luego de que surgieran cuestionamientos sobre la experiencia y capacidad de algunos de los proveedores adjudicatarios.
El proceso, identificado como INABIE-CCC-LPN-2025-0079, contempla contratos por un total de RD$110,785,786.80 para el suministro de alimentos escolares en San Pedro de Macorís, correspondientes a los períodos escolares 2026-2027 y 2027-2028.
Los contratos fueron adjudicados a Beltré Beltré, SRL, por RD$48,100,901.68; Carolin Michel Díaz Beltré, por RD$38,128,306.32; y Franniel Ramírez Beltré, por RD$24,556,578.80.
De acuerdo con la documentación del proceso, inicialmente fueron habilitados 59 de los 91 oferentes participantes, mientras otros 32 quedaron fuera. Posteriormente, tras recursos de reconsideración, 15 oferentes fueron habilitados, entre ellos Carolin Michel Díaz Beltré y Franniel Ramírez Beltré, quienes finalmente resultaron adjudicatarios.
Los cuestionamientos se concentran, entre otros aspectos, en la experiencia y capacidad de algunos de los beneficiarios. Sin embargo, estos elementos no constituyen por sí mismos una prueba de ilegalidad o fraude, por lo que corresponde determinar mediante la documentación técnica y administrativa si los proveedores cumplían con todos los requisitos establecidos en el proceso.
El director del INABIE, Adolfo Pérez, ha defendido el procedimiento y señalado que la edad de los propietarios o el tiempo de constitución de una empresa no representan por sí solos impedimentos legales para participar en procesos de contratación pública.
El INABIE también informó recientemente sobre la suspensión de 14 proveedores tras detectar irregularidades durante nuevas inspecciones, relacionadas con aspectos como capacidad instalada, infraestructura y localización de cocinas. No obstante, no se ha establecido que esos 14 proveedores correspondan a los tres adjudicatarios de los contratos por RD$110.7 millones.
La situación mantiene el proceso bajo atención pública y plantea la necesidad de revisar los informes de inspección, recursos de reconsideración, evaluaciones técnicas y documentación financiera que sustentaron la habilitación y posterior adjudicación de los contratos.
Hasta el momento, la documentación disponible permite confirmar las adjudicaciones y los cuestionamientos sobre el proceso, pero no permite afirmar que haya existido una actuación ilegal por parte de los adjudicatarios.
