Durante un vuelo de observación por la frontera norte, se pudo constatar ayer la presencia de siete camiones que transportaban arena extraída del río Dajabón o Masacre, los cuales provenían de territorio haitiano. Acompañando esta operación, aproximadamente diez individuos haitianos realizaban un movimiento constante de traslado de arena hacia los camiones, los cuales eran de la marca Daihatsu. Esta actividad ilícita se desarrollaba más allá del área del muro fronterizo en Dajabón, específicamente en sectores como La Sal, donde desde hace más de cuatro años se lleva a cabo esta práctica.
La extracción ilegal de arena en esta zona ha generado graves preocupaciones ambientales y sociales. Entre los impactos ambientales documentados se incluyen la turbidez del agua, la pérdida de biodiversidad, la deforestación y la erosión del suelo. Estos efectos adversos no solo afectan al río Masacre en sí, sino que también repercuten en las comunidades aledañas y en la sostenibilidad ecológica de la región.
Francisco Estévez, experto académico, ha criticado la falta de acción por parte de las autoridades dominicanas y haitianas frente a esta problemática. Estévez subrayó que estas acciones violan acuerdos internacionales, como el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929 y el Protocolo de Revisión de Frontera de 1936, que regulan actividades en la zona fronteriza. Además, destacó la necesidad urgente de medidas coordinadas para mitigar los impactos ambientales y proteger los recursos naturales compartidos.
Desde el sector ambientalista local, como lo expresa Gonell Franco, se ha enfatizado la urgencia de establecer un convenio efectivo entre los ministerios de Medio Ambiente de ambos países para abordar este problema. Franco señaló que la extracción de arena es particularmente preocupante debido a su impacto severo en la cuenca del río y en el medio ambiente en general. La falta de acción regulatoria efectiva por parte de las autoridades competentes, según Franco, contrasta con el activismo de organizaciones ambientalistas locales que han instado a la intervención gubernamental.
Esta situación también ha despertado preocupaciones entre los residentes locales y expertos en desarrollo sostenible, quienes ven en la extracción ilegal de arena una amenaza directa a la seguridad hídrica y la estabilidad ecológica de la región fronteriza. Juan Cordero, ambientalista de la provincia de Dajabón, expresó su preocupación por el impacto potencial en la agricultura y la ecología local, destacando la necesidad de acciones inmediatas para preservar el río Masacre como un recurso vital para las comunidades a ambos lados de la frontera.