Santo Domingo, – La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE) ha solicitado al presidente Luis Abinader que no promulgue la Ley de Residuos Sólidos recientemente aprobada en el Congreso Nacional, argumentando que podría perjudicar severamente a las pequeñas y medianas empresas, así como a diversos sectores productivos del país.
La organización destaca que la legislación fue aprobada sin atender las preocupaciones planteadas por actores clave del sector empresarial. Según César De los Santos, presidente de ANADIVE, la ley no se basó en un estudio técnico independiente que brinde los criterios necesarios para una decisión informada en un asunto crítico para la competitividad de las empresas.
De los Santos ha señalado que la legislación presenta inequidades que podrían ser corregidas con buena voluntad. Uno de los principales puntos de preocupación es la doble tributación, ya que los vehículos de motor ya pagan entre un 1% y 3% del valor CIF (costo, seguro y flete) por emisiones de carbono, además de cubrir la recogida de desechos sólidos. Esto, según ANADIVE, debería ser considerado en el proyecto de ley.
El análisis de las contribuciones de la Ley 225-20 muestra que las modificaciones propuestas por el Congreso aún presentan valores excesivos, incrementando los montos a pagar entre un 300% y 675%, valores que las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 85% del tejido empresarial, no podrían sostener sin afectar su rentabilidad y competitividad.
Las empresas afiliadas a ANADIVE son en su mayoría pequeñas y medianas, con entre 10 y 50 empleados. Estas empresas, muchas de las cuales operan como intermediarios con un margen de comercialización bajo, se verían gravemente afectadas por los nuevos tributos, poniendo en riesgo empleos y fomentando la informalidad.
Finalmente, De los Santos subrayó que el principio "el que contamina paga" debe aplicarse de manera justa, y que la penalización debería basarse en el aporte de contaminación y no en el volumen de ventas. La asociación espera que el gobierno considere estas preocupaciones antes de tomar una decisión definitiva sobre la promulgación de la ley.
